El cierre de cuentas de Trump y el poder de las plataformas digitales para zanjar el debate público

Tras la violenta invasión del Capitolio varias plataformas cancelaron las cuentas de Trump

Tras la violenta invasión del Capitolio varias plataformas cancelaron las cuentas de Trump

El cierre de cuentas y perfiles del presidente saliente, Donald Trump, en Facebook, Twitter y otras redes sociales repuso en la mesa de discusión, tanto política como académica, el derecho a la información y la libertad de expresión, además de encender las alertas sobre el riesgo de que megaempresas digitales se arroguen el rol de árbitros del debate público, por fuera de una normativa elaborada desde el Estado.

Tras la violenta invasión del Capitolio, en Washington, por una turba enfurecida de seguidores del mandatario, que interrumpió la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, varias de estas plataformas (Youtube, Instagram, Snapchat, además de las ya mencionadas) cancelaron las cuentas del magnate, a cuyos mensajes y posteos vincularon la sublevación.

Si bien las plataformas invocaron “riesgo de violencia” o “violación” de sus políticas para tomar esta decisión, lo cierto es que el hecho tiene ribetes políticos que trascienden el ámbito de decisión empresarial y rozan fibras que atañen a la relación entre democracia, medios y redes.

Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter reivindicó en un extenso hilo publicado en esa red social, la decisión de la compañía, que califica de “correcta” aunque admite que la misma sienta un precedente que considera “peligroso” en una internet global y libre, debido al “poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global”.

La jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, fue de las primeras líderes mundiales en reaccionar ante este hecho, que calificó como “problemático”.

“Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa”, dijo Steffen Seibert, vocero de Merkel.

Pero quien asignó al hecho un carácter liminar, fundante de un nuevo orden comunicacional que debería empujar a debatir normativas ad-hoc en breve, fue Thierry Breton, exministro de Economía de Francia y actual Comisario Europeo del Mercado Interno.

“Así como el 11 de septiembre marcó un cambio de paradigma para Estados Unidos, incluso para el mundo, habrá, en lo que respecta a las plataformas digitales en nuestra democracia, un antes y un después del 8 de enero de 2021″, dijo Breton, aludiendo al día en que Twitter suspendió definitivamente la cuenta de Trump.

También, desde el otro lado del arco político europeo, Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierdista Francia Insumisa, había señalado que “el comportamiento de Trump no puede servir como pretexto para que Google, Apple, Facebook, Amazon se arroguen el poder de controlar el debate público”.

La cancelación de las cuentas en las redes sociales del mandatario se produjo tras un ataque al corazón de la democracia estadounidense, pero ninguna de estas megaempresas reaccionó de modo similar ante otros casos de fractura democrática en otras naciones -Bolivia 2019, por ejemplo-, lo que debería centrar también el debate en el lugar de los países periféricos en esta pugna por la palabra.

Las políticas enarboladas por las plataformas para el cierre -cabe aclararlo- regulan la palabra desde que existen y el episodio con Trump no hizo más que iluminar, por la trascendencia del personaje y lo tajante de la medida- un fenómeno que es preocupación de diversos colectivos ciudadanos, prensa alternativa, movimientos sociales y el sector académico, hace ya muchos años.

Para Natalia Aruguete, Doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, la decisión de las plataformas es una oportunidad para poner en la agenda una discusión más comprensiva sobre “quién debe ejercer la regulación de producción y circulación de la información (..) en qué condiciones y en qué circunstancias”.

“Necesitamos una discusión pública, amplia y estructural sobre la regulación del accionar de estas compañías tecnológicas”, señaló Aruguete, en charla con Télam.

La investigadora subrayó, asimismo, que es clave entender que sea cual fuere la intervención que se tenga sobre todo tipo de incitación a la violencia, ésta “requiere de la capacidad técnica de las plataformas”. “Pero nunca debemos dejar en sus manos, -continuó- de manera excluyente, su decisión editorial y política sobre los contenidos”.

El investigador y docente universitario, Martín Becerra, por su parte, advirtió sobre la importancia de que las reglas sobre este tema, hoy definidas unilateralmente por las plataformas digitales, sean resultado de un proceso democrático.

De los contrario, escribió en un artículo “los términos y condiciones de la conversación pública dependerán cada vez más del juicio sumario de don Zuckerberg (aludiendo al fundador y CEO de Facebook) y su pandilla” y por esa vía quizás “la perturbación de la convivencia democrática termine justificando bloqueos que hoy son inimaginables”.

En la misma línea, aunque más punzante, el periodista e investigador español Ekaitz Cancela, expresó su preocupación sobre el riesgo de que la libertad para pensar algo alternativo quede confinada y reprimida por un algoritmo o una decisión unilateral de quienes durante años “han manipulado burda y reiteradamente a la opinión pública para conseguir dinero en forma de publicidad digital”.

Entradas relacionadas

Deja tu comentario