Piden la detención del alcalde de Quito en una causa por compra de test de Covid-19

"En un proceso judicial se tiene que escuchar a las partes", tuiteó Yunda.

«En un proceso judicial se tiene que escuchar a las partes», tuiteó Yunda.

La Fiscalía de Ecuador pidió la detención y prisión preventiva del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien desde mediados de febrero tiene una tobillera electrónica, en la causa en la que se investiga una presunta malversación de fondos para la compra de pruebas PCR para detectar el coronavirus.

Junto a Yunga están acusadas otras 13 personas, que también habrían participado en el delito, según indicaron los fiscales.

«Caso Pruebas PCR Quito: el dictamen de Fiscalía Ecuador contra los 14 procesados se basa en alrededor de 400 cuerpos y más de 80 elementos de convicción», señaló la Fiscalía en un comunicado.

En una audiencia preparatoria celebrada en Quito, el fiscal provincial Alberto Santillán aseveró que Yunda es el «autor mediato del delito de peculado», informó la agencia de noticias DPA.

Santillán pidió al juez Vladimir Jhayya, presidente de la Corte de Pichincha, la prisión preventiva de Yunda, que rechazó el planteo: “Al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta”, aseguró, según el sitio Primicias.

Según la fiscalía, el Municipio de Quito firmó un contrato con la empresa Salumed S.A. por 4,2 millones de dólares para adquirir 100.000 pruebas para detectar “Covid-19-Polimerasa”, o sea el test de detección de coronavirus conocido como PCR.

Sin embargo, la empresa contratada no entregó pruebas PCR-Polimerasa, sino pruebas Isopollo COVID-19 con tecnología RT Lamp, que tiene menor sensibilidad y especificidad para detectar el virus.

La empresa no cumplió con el objetivo del contrato y Yunda y los demás procesados, pese a esto, recibieron el producto y lo usaron durante la pandemia.

Antes, el alcalde había preparado las «condiciones esenciales» para que el secretario de Salud de Quito de entonces, Lenín Mantilla, eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para las entidades públicas, cuya cuantía era de 2,9 millones de dólares.

La Fiscalía acusó también a la secretaria de Salud de Quito, Ximena Abarca, y la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, porque sabían que las pruebas entregadas «no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato».

Según la Fiscalía, el alcalde habría dispuesto que la marca de las pruebas sea validada buscando «distintos laboratorios públicos y privados con lo cual se habría querido convencer de que eran idóneas para usarlas durante la pandemia».

Para el abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, la Fiscalía no introdujo «ningún elemento nuevo respecto a lo que planteó en la audiencia de vinculación celebrada el pasado 16 de febrero».

El 19 de febrero Yunda acudió al Servicio de Rehabilitación Social (Snai) para colocarse una tobillera electrónica, tal como lo había ordenado la Justicia como medida cautelar.

El jefe de Gobierno de la capital ecuatoriana tiene prohibido salir del país y debe presentarse cuatro días a la semana a una autoridad judicial, según solicitó el juez Vladimir Jhaya, que lleva el caso.

Yunda sostiene que demostrará que nunca participó en ese proceso, que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio.

Además, se consideró responsable de que Quito no haya atravesado una catástrofe por la pandemia: “Si no me ponía yo la salud de Quito al hombro, aquí habían 50.000 muertos y eso lo dicen las estadísticas y eso pasó lamentablemente en la hermana ciudad de Guayaquil”.