Colombia: se reunirán el Comité del Paro y el Gobierno pero la represión recrudece

Desde el 28 de abril que Colombia tiene las calles de sus principales ciudades con protestas y concentraciones.

Desde el 28 de abril que Colombia tiene las calles de sus principales ciudades con protestas y concentraciones.

 

El Gobierno y el Comité Nacional del Paro de Colombia volverán a sentarse a negociar este domingo, en un clima en el que se profundiza la militarización de las calles, como se anunció este sábado para la ciudad de Popayán, el nuevo epicentro de las protestas y la represión policial, tras una madrugada de violencia que terminó con un muerto, 20 heridos y una comisaría, una Fiscalía y una morgue incendiadas.

La de este domingo será la segunda reunión entre el Gobierno y las organizaciones que convocan a las movilizaciones que desde hace 17 días paralizan al país, después del fracaso del encuentro del lunes pasado.

Al cara a cara del presidente Iván Duque y el Comité no se llega con buen pronóstico: mientras las centrales sindicales y organizaciones sociales y de derechos humanos exigen entre sus primeras demandas desmilitarizar las calles, el Gobierno anunció hoy el desembarco en Popayán de seis nuevas secciones del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) y de tres pelotones del Ejército.

El objetivo es dar refuerzo a la Policía de la capital del departamento del Cauca que quedó desbordada ayer con las protestas que provocó el suicidio de una adolescente de 17 años después de haber sido arrestada y abusada sexualmente por la policía, de acuerdo con la denuncia de organismos de derechos humanos.

Esta escena empeoró aún más esta madrugada con la muerte de un estudiante de 22 años en una protesta justamente para repudiar lo que pasó con la joven. El manifestante falleció por el impacto de una granada policial.

Cauca quedó desbordado este viernes con las protestas que provocó el suicidio de una adolescente de 17 años.

Cauca quedó desbordado este viernes con las protestas que provocó el suicidio de una adolescente de 17 años.

 

Fue una noche de ira que se descontroló y que luego se extendió hoy al resto del país: se quemó una sede bancaria en Bucaramanga, en el norte del país, y se incendió la alcaldía de Jamundí, al sur de Cali. Y esta tarde, en algunas protestas en Bogotá, la capital, fueron vandalizadas un par de estaciones del TransMilenio, la red de transportes.

Ya este sábado a la noche el presidente Duque había ordenado a los ministros de Defensa, Diego Molano, y de Interior, Daniel Palacios, que se trasladaran a Popayán para resolver la entonces incipiente crisis, que se sumaba al resto de las manifestaciones que sacuden al país y cuya fuerte represión ya dejó 42 muertos.

Tras una serie de reuniones, los dos ministros anunciaron este sábado el endurecimiento de la presencia policial y militar en la ciudad colonial y volvieron a culpar “al vandalismo y al terrorismo” por los enfrentamientos de ayer, en los que murió Sebastián Quintero Múnera por el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por miembros del Escuadrón Antidisturbios, el temido Esmad.

Antes hubo un ataque a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI, las pequeñas comisarias de cercanía en Colombia), donde, según la denuncia de defensores de derechos humanos, habría sido violada la adolescente de 17 años, informó el diario El Tiempo.

También incendiaron el departamento de Medicina Legal donde se investigan el suicidio y los abusos.

El comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó que los uniformados que detuvieron y trasladaron a la joven fueron identificados y separados de la fuerza mientras se realice la investigación, indicó la agencia de noticias Europa Press.

Aunque a la zona llegaron hoy dos fiscales, una de ellas experta en problemáticas de género, los anuncios sobre más presencia militar en la zona obligan a los peores presagios.

“El esclarecimiento de las dos muertes deberá ser una prioridad. Pero es importante señalar que al ataque a Fiscalía y Medicina Legal debe ser calificado como acto terrorista. Nada justifica que se tome justicia por sus propias manos. Fue un hecho delincuencial premeditado y organizado”, advirtió por la tarde el ministro Molano.

Reveló que en los episodios de anoche fueron robadas 51 armas, insistió con los “actos criminales y terroristas que afectan estabilidad de la justicia” y anunció el refuerzo del Esmad y el Ejército “para lograr el control de la ciudad y el manejo adecuado de situaciones públicas”.

La de este domingo será la segunda reunión entre el Gobierno y las organizaciones.

La de este domingo será la segunda reunión entre el Gobierno y las organizaciones.

 

“Debemos garantizar que los responsable de terrorismo y afectación a la ciudad sean judicializados como corresponde”, concluyó, en línea con el discurso del Gobierno que intenta vincular las protestas civiles y en su mayoría pacíficas con las guerrillas, de lo que aún no presentó ninguna prueba concluyente.

En medio de esta renovada militarización de las calles, el titular de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, escribió en su Twitter que su organización ha “corroborado” que el Esmad utilizó anoche en Popayán “el lanzador de proyectiles múltiples VENOM desde el suelo y de forma horizontal. Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma”.

Y acompañó la publicación con un video en el que un experto, “enviado por la Policía de Colombia”, “dice claramente que el Venom es peligroso si se usa en tierra”.

Mientras el Gobierno no responde a estas críticas, el ministro Molano reiteró desde Popayán la “hipótesis de que las disidencias de las FARC estarían detrás de los ataques” y volvió a pedir a la ciudadanía que llame si tiene información que aportar, con la promesa de la anunciada recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 13.000 dólares).

Desde el 28 de abril que Colombia tiene las calles de sus principales ciudades con protestas y concentraciones, inicialmente por un proyecto del Gobierno de reforma tributaria, pero después en rechazo a la represión y a favor de proteger a la industria local, de una renta básica que iguale una canasta básica y de garantías de seguridad para los líderes sociales que trabajan para que se cumpla el acuerdo de paz con las ahora exFARC.

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