Sudáfrica: Las protestas por el encarcelamiento de Zuma ya dejaron 337 muertos

La policía sudafricana aumentó el número total de muertos en Gauteng a 79, y en KwaZulu-Natal a 258.

La policía sudafricana aumentó el número total de muertos en Gauteng a 79, y en KwaZulu-Natal a 258.

Al menos 337 personas murieron en los disturbios masivos en las provincias sudafricanas de Gauteng y KwaZulu-Natal que comenzaron luego de que el expresidente Jacob Zuma empezase a cumplir su condena de 15 meses de cárcel por desacato, informó este jueves la ministra interina Khumbudzo Ntshavheni.

«En cuanto al avance de las investigaciones sobre los fallecidos y daños materiales, la policía sudafricana elevó el número total de muertos en Gauteng a 79, y en KwaZulu-Natal a 258», dijo en una rueda de prensa. Este miércoles el Gobierno de Sudáfrica informó de 276 fallecidos.

La intensa ola de protestas y saqueos comenzó en Sudáfrica el 9 de julio después de que Zuma empezase a cumplir su condena

La Corte Constitucional condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a declarar en un caso de presunta corrupción durante su Gobierno. Si bien el exmandatario en un principio se había negado a acatar la sentencia, posteriormente se entregó a la policía.

Sin embargo, este jueves las autoridades de Sudáfrica le concedieron al exmandatario un permiso para acudir al funeral de su hermano Michael, quien será enterrado durante la tarde de esta jornada.

El Departamento de Servicios Correccionales indicó que la medida fue concedida tras la muerte de Michael a los 77 años, poco después de que Zuma ingresara en prisión, según informó el diario sudafricano News 24.

El vocero del organismo, Singabakho Nxumalo, indicó que la decisión fue adoptada debido a que el exmandatario lleva poco tiempo en prisión y es considerado como «un preso de bajo riesgo».

«Un hombre sentenciado que recibe permiso para abandonar un centro correccional sigue siendo un hombre sentenciado aunque esté temporalmente fuera», agregó antes de indicar que el permiso será válido únicamente esta fecha.

El encarcelamiento de Zuma derivó en una oleada de enfrentamientos y disturbios, por lo que las comisarías del país, especialmente aquellas que cuentan con almacenes de armas, fueron puestas ete jueves bajo alerta ante las informaciones de Inteligencia sobre un posible plan para asaltarlas.

Antecedentes

Jacob Zuma (79) se vio obligado a dimitir en febrero de 2018, un año antes del fin de su mandato, a instancias de su partido Congreso Nacional Africano (ANC) en medio de acusaciones de malversación de fondos públicos.

Jacob Zuma (79) se vio obligado a dimitir en febrero de 2018, un año antes del fin de su mandato, a instancias de su partido Congreso Nacional Africano (ANC) en medio de acusaciones de malversación de fondos públicos.

Zuma se vio obligado a dimitir en febrero de 2018, un año antes del fin de su mandato, a instancias de su partido Congreso Nacional Africano (ANC) en medio de acusaciones de malversación de fondos públicos.

El exmandatario se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el ANC -partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Cyril Ramaphosa, quien ahora ocupa el Ejecutivo- se hizo con el poder en 1994.

La justicia lo acusaba de fraude, corrupción, lavado de dinero y extorsión, cargos que el líder sudafricano rechazó tajantemente aduciendo que todas sus operaciones financieras fueron vigiladas por los organismos competentes.

La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la exDefensora Pública sudafricana -figura equivalente al Defensor del Pueblo- Thuli Madonsela titulado «La captura del Estado».

En 2009 Zuma ya enfrentó 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la adquisición de armas en los años 90, pero después de su victoria en los comicios presidenciales en 2009, la Fiscalía decidió cerrar el caso, alegando que el proceso obstaculizaría la vida política del país.