Condenan a un empresario de medios a 4 años de prisión por chantaje

Un empresario de medios de comunicación en San Rafael fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, acusado de los delitos de chantaje y tentativa de chantaje en dos de los seis hechos con los que llegó a juicio oral.

Se trata de Gustavo Matar, quien fue encontrado responsable de los delitos de chantaje y tentativa de chantaje; en tanto que su hijo Brahim Matar fue absuelto de todos los cargos.

“Matar padre asistió al juicio en libertad y mantendrá esa condición hasta que la sentencia quede firme”, determinó el juez mendocino Jorge Yapur.

Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, Gustavo y Brahim Matar “llegaron a esta instancia judicial tras una investigación que se extendió por casi tres años y por la que fueron acusados de extorsionar a empresarios de la noche, una funcionaria municipal, el dueño de una playa de estacionamiento y una exconcejala”.

De acuerdo con lo que surgió de la causa, el modus operandi de Matar era la utilización de su grupo de medios de comunicación (la radio Vibra FM y su diario InfoYA) para extorsionar, solicitando dinero a cambio de no realizar publicaciones negativas de ellos.

Tras analizar la carga probatoria ofrecida por el fiscal Javier Giaroli, el querellante José Durán y los defensores Javier Pérez y Juan Day, el juez determinó que Gustavo Matar fue autor material del delito de chantaje y tentativa de chantaje, contra el dueño del boliche PlanB, Oscar Viscio, quien lo denunció y se constituyó como querellante, y Héctor Pascacho, quien alquilaba el predio del boliche, y, en un hecho diferente, contra Alejandro Roco, quien tenía a cargo la playa de estacionamiento del mismo local bailable.

En tanto, el fiscal de instrucción de San Rafael, Javier Giaroli, había solicitado una pena de siete años para el padre empresario.

Otras causas

Hace casi diez años, Gustavo Matar fue acusado de presunta sobrefacturación de publicidad oficial por 32 millones de pesos.

Asimismo, el excamarógrafo que ofrecía sus servicios al gobierno del exgobernador Celso Jaque (PJ), está involucrado en lavado de activos y temas vinculados al enriquecimiento ilícito, causas en las que nunca se llegó a juicio.

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